Placas solares en Ibiza. | Daniel Espinosa

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La llamada transición energética, además de farragosa, parece formada por acciones que resulta difícil materializar. Y más cuando para ello implica a diversas administraciones, forzando la llamada cogobernanza, cuyos nefastos resultados ya vimos durante la pandemia de COVID-19.

Escuchar al conseller Juan Pedro Yllanes hablar de proyectos de cambio sobre esta cuestión ilusiona. Pero luego, en frío, te das cuenta de que la realidad tiene poco que ver con lo que el conseller explica. Prohibir que circulen vehículos de más de 30 años por nuestras carreteras está muy bien. Sin embargo, ¿qué harán quienes no puedan comprarse un coche eléctrico o híbrido en estos momentos? Lo de compartir coche, el carsharing, seguramente funciona en grandes ciudades.

Pero, ¿cuántas empresas están dispuestas a montar este negocio durante todo el año en Ibiza? Por no hablar de la necesidad de contar con un sistema de transporte público eficiente, no contaminante y alguna cosa más. Nos piden esto en una isla en la que en 2022 aún no ha sido posible, ni siquiera, que los buses del sistema público tengan la misma imagen.   

Urge ahora sacar dinero para que casi todos tengan o tengamos energía renovable. Es más, el plan contempla que sea la Administración la que se haga cargo en el caso de las familias vulnerables. Esto ya lo hizo Fani Tur en la legislatura 1999-2003 y resulta que, desde entonces, no hemos avanzado nada.

Brindemos porque, la verdad, mucho me temo que los 233 millones de euros servirán para cualquier cosa menos para el objetivo oficial.