El rey emérito español Juan Carlos I en una imagen de archivo. | Europa Press

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El pasado fin de semana tuvo lugar el tantas veces anunciado regreso a España de rey emérito y, sin duda, se trató de un viaje no exento de polémica. Como cabía esperar hubo quienes estaban a favor de su regreso sin más, mientras que otros opinaron que la forma en que se produjo no fue la más acertada y, por supuesto, los monárquicos formaban el grupo a favor, mientras los republicanos eran claramente los más críticos.

La discusión de si es mejor una monarquía o una república no es nueva y, sea como sea, seguirá dando mucho juego, ya que siempre habrá partidarios de una y otra opción. Por ello precisamente, y sin entrar a valorar lo que pueda ser mejor desde el punto de vista puramente democrático, creo que vale la pena tratar de analizar la situación actual del rey emérito desde otro punto de vista.

A nadie se le escapa que el exilio voluntario del Don Juan Carlos se produjo ante una situación insostenible que tanto las noticias que se iban conociendo sobre actos del pasado del emérito, como las propias diligencias que la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió para investigarlas, dejaban en una posición muy incómoda a su propio hijo y actual Rey. Tanto su salida de España como su reciente regreso estuvieron siempre rodeados de numerosas incógnitas ya que tanto su destino y por cuanto tiempo iba a fijar su nueva residencia en el mismo eran cuestiones rodeadas de mucho secretismo.

Finalmente decidió instalarse en Emiratos Arabes Unidos, dados los fuertes lazos de amistad con la familia real gobernante en ese país. Esta decisión no pareció la más adecuada desde el punto de vista político ya que Emiratos no destaca precisamente por su respeto a diversos colectivos. Las mujeres carecen de derechos fundamentales, los colectivos de homosexuales y lesbianas no son ni aceptados ni reconocidos y los trabajadores están mayoritariamente explotados. Por ello está claro que donde se ha instalado el emérito está muy lejos de ser ni una democracia, ni un lugar donde se respeten los derechos sociales de buena parte de la población.

La decisión de regresar durante unos pocos días a España viene precedida del archivo de las diligencias que la Fiscalía tenía abiertas contra él y es precisamente esta circunstancia la que ha utilizado para avalar su derecho a regresar al país en el que reinó durante años, ya que según todos sus defensores no tiene ninguna causa judicial abierta en España que impida su regreso. Este argumento cae por el peso de la propia realidad, ya que    el archivo de los casos por los que tenía diligencias abiertas se ha producido por prescripción de los posibles actos investigados, o por haber tenido lugar estando el entonces rey amparado por la inviolabilidad.

No es de recibo que un jefe de Estado pueda cometer cualquier tipo de acto ilegal o irregular, exento de cualquier tipo de responsabilidad gracias a esa inviolabilidad que le convierte en intocable haga lo que haga. Ello no debería ser la tapadera que encubra cualquier tipo de actuación poco limpia o incluso ilegal.    Que Don Juan Carlos manejó dinero oculto a la hacienda española parece más que evidente ya que, debido a ello se vio, obligado a presentar dos regularizaciones por esas cantidades ocultas al control del fisco.

La inviolabilidad no puede ser absoluta, ya que con ello se quiebra el principio de que todos somos iguales ante la ley y que por tanto todos estamos obligados a rendir cuentas de nuestros actos. Que los actos objeto de investigación hayan sido archivados por la justicia no significa que dejen de ser reprobables y cuestionables ética, moral y socialmente.

Tampoco parece razonable el posicionamiento adoptado por los partidos de la derecha española, pretendiendo argumentar que en la vida del emérito pesan más sus actos buenos que los malos, ya que por esos mismos actos realizados por un ciudadano de a pie pedirían su condena inmediata. Por el hecho de que alguien este colaborando toda su vida en un centro social no puede verse exculpado por ello si comete cualquier acto delictivo de carácter civil o penal.

Resulta muy triste pensar que el trato que se recibe de la ley es muy distinto en función de la clase social a la que se pertenezca o del estatus político de cada uno. Claramente el precepto de inviolabilidad debe ser revisado y, por supuesto, mucho más limitado.