Sant Antoni recurrirá la sentencia que le obliga a reincorporar a un celador

Fue absuelto en 2017 de aceptar sobornos por no denunciar infracciones

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Ayuntamiento de Sant Antoni.

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El Ayuntamiento de Sant Antoni anunció ayer su intención de recurrir la sentencia que le obliga a readmitir a un celador de obras que, en el año 2009, fue detenido por aceptar presuntamente sobornos a cambio de no dar parte de las infracciones detectadas en las obras que inspeccionaba y que, en el año 2017, resultó absuelto de este delito.

El Consistorio tiene de plazo hasta el 17 de septiembre para presentar su escrito de apelación, en el que están trabajando en estos momentos los servicios jurídicos municipales.

El Ayuntamiento decidió no volver a admitir al trabajador municipal en su puesto debido a los hechos probados que constaban en la sentencia.

Al parecer, el trabajador mantenía un relación de amistad con una persona extranjera con residencia en la isla que fue denunciada por una vecina por una infracción urbanística y para la que actuaba como apoderado ante un notario para la tramitación de unas escrituras de segregación y compareventa y declaración de obra nueva.

El celador acudió a realizar la pertinente inspección y el resultado de la misma fue negativo.

En este sentido, la sentencia dejó claro que no es delito que actuara como apoderado al margen de su función pública. Sin embargo, considera que «debió abstenerse y no lo hizo» de inspeccionar la obra para la que hacía de apoderado y que resultó negativa, según la sentencia, a lo que se acogió el Ayuntamiento para apartar definitivamente al trabajador de su puesto.

La magistrada justificó su fallo de absolución en el hecho de que los hechos probados encajan en el artículo 439 del Código Penal, en lugar del 441, como sostenía la acusación ejercida por el Consistorio portmanyí.

Este artículo castiga al funcionario que, «debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones». Como una sentencia no puede imponer una pena superior a las más graves solicitadas por la acusación, la magistrada optó por absolver al celador.

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