Una de las promociones realizadas por el Ayuntamiento de Ibiza en Menorca a finales de agosto.

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El Ayuntamiento de Ibiza adjudicó dos contratos menores el mismo día, por valor de 14.999 euros cada uno, un euro menos que el límite oficial para poderlos declarar como contratos menores y no tener que hacer concurso público para su adjudicación, a la empresa Incentivos Ibiza DMC SL, de la que es socia fundadora Mihaela Caliman, la mujer del ex primer teniente de alcalde del Consistorio de Vila, el socialista Alfonso Molina.

Vila ha venido adjudicando sin concurso las auditorías de las playas a empresa de la familia de Josep Marí Ribas Agustinet.

Molina fue la mano derecha del alcalde de la ciudad, Rafa Ruiz, desde el año 2015 hasta mayo de 2018, fecha en la que dimitió de su cargo. Posteriormente, fue delegado de Citelum, la empresa concesionaria del mantenimiento del alumbrado público de Vila y de Sant Josep.

Ambos expedientes de contratación se aprobaron el mismo día (uno con el número de decreto 2021-3173 y el otro con el número 2021-3174) y por la misma cantidad económica, 14.999 euros cada uno.

La única diferencia entre ambos expedientes es el destinatario del contrato: en un caso es de servicio de asistencia para la realización de acciones promocionales del departamento de Turismo para el año 2021 y el otro para la asistencia a acciones promocionales del departamento de Comercio. Tanto Turismo como Comercio dependen de la misma Concejalía, en manos de la socialista Desirée Ruiz.

Desde el Consistorio aseguraron a Periódico de Ibiza y Formentera que no se trataba de un contrato, si no de una «reserva de crédito por el importe que permite la ley para la realización de eventos a lo largo del año».

La reserva de crédito es «una fase presupuestaria ficticia que permite reservar crédito para una aplicación concreta, con la finalidad de realizar un gasto futuro. El sistema validará en el momento de imputar un gasto, ya sea a través de una factura o a través de un expediente, que existe crédito para ejecutarlo» y que en el caso de la administración pública va ligada a un contrato.

Asimismo, señalaron fuentes municipales que para la adjudicación de estos servicios de asistencia para la realización de acciones promocionales se envió invitación a siete empresas, de las que «se presentaron tres y se adjudicó a la que hizo mayor rebaja económica y presentó mejores condiciones técnicas».

«La adjudicataria», concretaron desde Vila, «rebajó el importe en un 26% sobre esta reserva de crédito». Pese a haberlo solicitado en dos ocasiones, el Ayuntamiento no facilitó el nombre de las siete empresas invitadas a presentar ofertas ni el de las tres que sí que aseguran que lo hicieron y sus respectivas ofertas.

En cuanto a la forma de actuar una vez adjudicada la licitación, desde la administración local manifestaron que la empresa «factura en función del trabajo y de las horas, cuyo coste previamente está estipulado en la oferta que se hace desde el Ayuntamiento, fórmula administrativa completamente ajustada a derecho que en tiempo de pandemia nos salva de pagar eventos que no se pueden celebrar». En este caso, la empresa Incentivos Ibiza DMC «presentó una rebaja del 25% respecto a los precios de los paquetes».

Por su parte, fuentes jurídicas consultadas por Periódico de Ibiza y Formentera hicieron hincapié en que los contratos de la administración deben tener «un precio y un objeto cierto», un principio que calificaron de elemental, y que no pueden ser «tan indeterminados» como los dos adjudicados a la empresa Incentivos Ibiza DMC. Indicaron a su vez que si el Ayuntamiento quería destinar 30.000 euros a la asistencia para actos promocionales «tendrían que haber hecho la reserva de crédito y haber hecho la licitación con un procedimiento normal y abierto».

Los expertos dicen que se tendría que haber convocado concurso

«Para cumplir el espíritu de la ley habría que haber hecho un concurso público para estos contratos». Así de tajantes se mostraron fuentes especializadas en contratación de la administración ante los contratos menores de servicios adjudicados por el Ayuntamiento de Ibiza a la empresa de la mujer del socialista Alfonso Molina.

Según explicaron, está muy rebuscado el objeto de la contratación para poder hacer dos contratos diferentes por únicamente un euro menos de lo previsto por la ley para sacarlos a concurso, ya que se trata del mismo concepto y de un trabajo para la misma Concejalía, la de Turismo y Comercio.

Molina dimitió por un informe del SOIB sobre sus empresas

El ex teniente de alcalde y ex concejal de Hacienda de Vila, Alfonso Molina, tuvo que dimitir de su cargo por un demoledor informe elaborado por el SOIB sobre la forma de actuar de algunas de sus empresas en los cursos subvencionados para personas en paro.

Entre otras cosas, el informe desvelaba que sus empresas «incrementaron de forma ficticia y fraudulenta» los costes de los cursos para desempleados y que sus sociedades se compraban entre sí los libros de formación con sobrecostes de más del 400%.