Varios jóvenes acceden a su centro educativo. | Marcelo Sastre

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No es oro todo lo que reluce en el sistema educativo de Baleares. O, dicho de otro modo, esa inmersión lingüística que tanto alaban los responsables políticos de este sector no es tan perfecta como quieren hacer creer. No todos los profesores contemplan la inmersión como la panacea. Y no todas las familias están de acuerdo con que sus hijos sean educados casi exclusivamente en catalán y con una presencia testimonial del castellano. No es fácil encontrar a gente dispuesta a criticar el sistema y quienes han accedido a hablar con Periódico de Ibiza y Formentera lo han hecho bajo la condición de no desvelar sus identidades. Todos dicen temer las posibles «represalias». Unos en su lugar de trabajo y otros a través de sus hijos.

Joan, nombre ficticio de uno de los profesores con los que ha podido hablar este medio, ha pasado por varios centros educativos de la isla. Nacido en la mayor de las Pitiusas, se posiciona en contra de la inmersión y asegura que los profesionales que se oponen a la misma abiertamente «son perseguidos» por sus superiores. «Sobre todo si, además, hablan en castellano en las clases», añade. En el colegio en el que trabaja ahora, sin embargo, esta situación no se produce y «los profesores hablan tanto en castellano como en catalán sin ningún problema». Algo que asegura que es «muy poco habitual».

«Activistas políticos»
Tiene claro que la inmersión es producto de «activistas políticos» que han ido copando los puestos de responsabilidad en la educación de Baleares y que «intentan imponer su visión al resto, cueste lo que cueste». Joan habla de «equipos directivos, asociaciones de padres y madres, el mismo Consell Escolar, los sindicatos...». En todos estos estamentos, asegura convencido, «se ha impuesto una corriente» ante la cual aquellos profesores a los que les gusta «enseñar» no se atreven a pronunciarse para evitar problemas.

«La enseñanza en Ibiza está trufada de activistas políticos», lamenta este profesor, «son gente catalanista y de izquierdas y son quienes deciden sobre toda la educación». A la pregunta de por qué no se atreve a denunciar esta situación con nombre y apellidos responde que «si lo haces, te pones en contra y te van a señalar». «Mucha gente no está de acuerdo con lo que está pasando», abunda en este sentido, «pero preferimos no decir nada para no ser señalados y no tener problemas».

Con más de 20 años de experiencia docente a la espalda, Joan recuerda sus inicios acompañado de «un director que era del PSOE y un jefe de estudios que militaba en el Partido Comunista». En aquellos momentos, afirma, «ya se perseguía al que no pensaba como ellos» y recuerda cómo fue entonces cuando la lengua comenzó a convertirse en un problema: «La actas del departamento las tenías que redactar ya en catalán. Y toda la documentación interna del centro. No tenía ningún sentido y menos aún cuando veías cómo rechazaban que se pudiera hacer algo en castellano».

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que en esa comunidad se imparta al menos un 25 % de la enseñanza en castellano le parece que «no es suficiente». «Estamos hablando de un sistema educativo en el que, tanto allí como aquí, se ha impuesto de forma absoluta el catalán y eso ha significado la desaparición del castellano de las aulas», lamenta, «y es aún peor porque el castellano se ha convertido en una lengua desprestigiada en la educación. No se respeta bajo ningún concepto la cooficialidad de las dos lenguas. Así que creo que lo del 25 % no es suficiente».

De un modo similar se pronuncia Miquel, profesor también ibicenco de un centro de educación secundaria de la isla. Añade que el decreto de mínimos balear, que obliga a que al menos un 50 % de la educación se imparta en catalán, «es una vergüenza». «Se utiliza de forma abusiva con el fin de arrinconar al español», señala indignado. En su opinión, la «solución» a este problema sería «que los padres pudieran elegir en qué lengua quieren que sean educados sus hijos». Un sistema que ha existido en otras comunidades bilingües, como es el caso del País Vasco o de Valencia, pero que en los últimos años se ha ido sustituyendo por la inmersión total en la lengua propia de esos territorios.

Objetivo: «catalanizar»
Miquel tiene claro que los principales perjudicados de estas políticas de inmersión lingüística son los alumnos. Sobre todo aquellos cuya lengua materna es el castellano. «Son mayoría en Ibiza», recuerda, «y están totalmente arrinconados. Nadie hace nada por ellos porque lo único que busca el sistema es la inmersión en catalán».

Para este profesor de secundaria, el objetivo es «catalanizar» a la población de las Islas, sin tener en cuenta que esta política educativa está teniendo como resultado «un alto índice de fracaso escolar» que, asegura Miquel, «perjudica sobre todo a las clases más desfavorecidas». «Hay alumnos que, además, se niegan a utilizar el catalán por decisión propia pero ven que en las aulas no pueden usar el castellano», concluye, «así que al final son perseguidos por los profesores y los directores de los centros y esto tiene como resultado el fracaso escolar».

Familias indignadas ante la «imposición»

Quizá lo más grave de la inmersión, aparte del sistema en sí mismo, es la constatación de que quienes se oponen a la misma no se atreven a hacerlo abiertamente y piden que se recojan sus opiniones sin mostrar sus identidades. En este caso, son tres familias que llevan años enfrentándose a un sistema que consideran que no beneficia educativamente a sus hijos. Y, sobre todo, que les impone la enseñanza en una lengua sin respetar el hecho de que en Ibiza son dos las oficiales.

Los centros escolares en los que estudian estos niños se encuentran en el interior de la isla y en Vila. En todos ellos se da la misma situación: «Todo es en catalán y, cuando exiges más horas de castellano, te invitan a sacar a tus hijos del colegio», relata una de las madres. Todo ello a pesar de que existe el precedente de una queja ante el Defensor del Pueblo, que se pronunció a favor de una familia ibicenca y que dejó claro que, al menos en el caso del colegio público de Can Raspalls, en Sant Jordi, «se estaba vulnerando el derecho de las familias castellanohablantes». «No ha servido de nada», lamenta, «les da igual porque ellos solo quieren imponer el catalán».

«No es ni medio normal el adoctrinamiento catalanista que se vive en las aulas», relata otro de los padres consultados con este periódico. Recuerda que, en su día y como alumno, él se opuso a la inmersión cuando comenzaba a aplicarse. Y admite que nunca pensó que «se llegaría a los niveles de hoy, con el castellano prácticamente desaparecido de los colegios de Ibiza».

La tercera madre es italiana. Y ha sentido como «un desprecio» el hecho de que en las reuniones del centro al que acude su hijo se le expliquen las cosas aparte. «Hacen lo que sea con tal de no hablar en otra lengua que no sea el catalán», afirma en un perfecto castellano. Ha cambiado a su hijo de centro en dos ocasiones y ahora espera lograr plaza en uno de los colegios concertados de Vila, con la esperanza de que «ahí, al menos, el 50% de la enseñanza es en castellano».