Una de las fiestas desmanteladas por agentes policiales, en plena pandemia de coronavirus.

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Continúa el tira y afloja de PP y PSOE en materia de intrusismo profesional para acabar con las fiestas ilegales.

Estos eventos traen en jaque tanto a las administraciones públicas como a las patronales turísticas desde hace tiempo, puesto que los gobiernos socialistas califican de «inconstitucional» la modificación legislativa propuesta por el Consell d’Eivissa, que permitiría dotar a los ayuntamientos y cuerpos y fuerzas de seguridad de más herramientas para combatir estos eventos irregulares.

Dicha propuesta, que contó con un informe favorable de los Servicios Jurídicos del Consell, fue rechazada por los gobiernos municipales de Sant Josep y Vila. Según el PP de Ibiza, el rechazo del PSOE a esta propuesta está «criminalizando al castigado sector turístico al no delimitar su uso». En este sentido, apuntaron que, desde la agrupación socialista, sólo saben quejarse y poner excusas.

Acusaciones
Estas acusaciones señalaron, especialmente, a dos personas. Por un lado, al alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero y, por otro, al representante de Ibiza en el Govern balear como conseller de Vivienda, Josep Marí Ribas Agustinet.

«Ni Gelu, ni Agustinet, ni el PSOE en general saben solucionar los problemas del municipio. No saben ni por dónde empezar. No tienen soluciones para la lucha contra estas actividades ilegales.

Su inacción complica la situación», puntualizaron desde el PP. En esta línea de reproches, la agrupación popular recordó que el rechazo a la modificación legislativa por parte del Ayuntamiento de Sant Josep impide poner coto a estas fiestas ilegales. Asimismo, desde el Grupo Popular de Ibiza subrayaron que cuentan con el apoyo de toda la patronal turística y del resto de ayuntamientos de Ibiza.

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«Nosotros sí actuamos y obtenemos consenso, mientras ellos lo rompen», aseguraron. Una de la evasivas del PSOE, según dichas fuentes, fue responsabilizar de estos actos a los permisos de viviendas turísticas que tramita el Consell.

«Exigimos que dejen de dar estas licencias a este tipo de establecimientos, puesto que es donde se suelen celebrar las fiestas clandestinas», explicó para el Periódico de Ibiza y Formentera el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero.

Asimismo, puntualizó que los espacios donde se celebran las fiestas ilegales se consideran una vivienda y, por lo tanto, el Ayuntamiento lo que le está pidiendo al Consell d’Eivissa es un informe jurídico que indique que el cambio de denominación es posible para que estos espacios pierdan su inviolabilidad y los agentes puedan entrar a los inmuebles.

Tras estos testimonios, el PP de Ibiza señaló que achacar la problemática a la concesión de licencias turísticas es sólo una excusa más de los socialistas para no apoyar los cambios normativos presentados por el Consell d’Eivissa. En esta línea, desde el PP señalaron que esta «inacción socialista» deja en muy mal lugar al PSOE, puesto que sus «dos únicos alcaldes en la isla están abandonando sus obligaciones para limitarse a hacer oposición al presidente del Consell, Vicent Marí».

Por su parte, desde la agrupación popular argumentaron con datos que el problema real no radica en la licencias ya que el 88 % de las viviendas inspeccionadas en 2021 no eran de alquiler turístico. Además, según fuentes populares, la lucha contra las fiestas ilegales no es competencia del Consell d’Eivissa, sino de los ayuntamientos.

«Nos ha tocado tomar las riendas y hemos propuesto soluciones desde el principio. Queremos destacar el trabajo de los agentes policiales en el marco de la lucha contra el intrusismo», explicaron.

Por su parte, desde Santa Eulària destacaron que, en el marco del protocolo de actuación legislativa, el Consistorio elaboró un borrador en el que plantea actuaciones previas, con el objetivo de evitar estas actividades y de sancionar de manera efectiva y ejemplar a sus organizadores.